Valoración del riesgo en la concesión de un préstamo

La concesión de un préstamo, en general, supone un riesgo ante la posibilidad de incumplimiento del deudor prestatario.

Corresponde al prestamista valorar el riesgo de la operación de préstamo, estudiando la viabilidad de la operación en función de múltiples factores.

La tarea fundamental del intermediario financiero es, quizás, el correcto estudio de viabilidad de la operación de préstamo o crédito que se le encarga y la elección del acreedor o entidad de crédito idónea para conceder tal operación.

En lo referente al préstamo hipotecario, el elemento principal y esencial es la valoración del inmueble que se aporta en garantía de cumplimiento.Dicha valoración es libre en el caso de préstamos hipotecario no concedidos por entidades de crédito. En el caso de entidades de crédito, las cuales tiene amplia y estricta regulación y están supervisadas por el Banco de España, es obligatorio aportar un Informe de Tasación realizado por una empresa tasadora homologada debidamente inscrita en el Banco de España.

Ésto no supone que cualquier tasación realizada por una de las empresas tasadoras homologadas en el Banco de España deba ser aceptada por la entidad de crédito. Cada entidad bancaria tiene su propia política de valoración de riesgo y determina las empresas homologadas.

Las principales variables a la hora de hacer un «análisis de riesgo» para la concesión de un préstamo a personas físicas son el valor de inmueble(tasación o precio de venta), los ingresos de prestatario y el ratio de endeudamiento, las circunstancias personales, la solvencia patrimonial y las garantías adicionales o avales.

Es importante, para la valoración del riesgo, el tipo de contrato laboral (temporal, indefinido, a tiempo parcial, etc) así como el tipo de actividad y categoría profesional y el estado financiero del pagador (empresa, fundación o Administración Pública).

La edad del prestatario determina el la vida laboral máxima del cliente, y por tanto la merma de ingresos que éste tendrá al finalizar la misma. Ello servirá para establecer el plazo de amortización.

El estado civil y las cargas familiares como hijos ascendientes y descendientes a cargo y pensiones de alimentos son indicadores de la renta disponible.

El estado de salud del cliente, su nacionalidad, su formación y el sexo, son circunstancias que, aunque de forma atenuada, varían la valoración del riesgo.

La solvencia patrimonial son los bienes y derechos que tiene el cliente: depósitos a plazo fijo propiedades inmobiliarias, acciones de sociedades mercantiles cotizadas, es decir, activos realizables.

Además, se ha de estudiar y analizar el endeudamiento del cliente, es decir conocer sus obligaciones financieras. Para ello contamos con la obtención de un informe CIRBE (Central de Información de Riesgos de Banco de España), el cual detalla el principal de deuda viva y la entidad acreedora. El R.A.I. o Registro de Aceptaciones Impagadas da publicidad a el impago de efectos cambiarios, pagarés y facturas. También las Administraciones Públicas, especialmente AEAT y Seguridad Social dan publicidad a las deudas y sanciones exigibles.

En cuanto a los avales, éstos pueden ser de dos tipos, personales y patrimoniales.

Las personales consisten en que una tercera persona afianza de forma personal el cumplimiento de la obligación personal, el avalista. El avalista,normalmente responde de forma solidaria y por la totalidad del préstamo, aunque en ocasiones la responsabilidad se limita en el contrato, pudiendo ser mancomunada, limitada a un porcentaje o cuantía determinada o incluso por un plazo determinado. Estas opciones son muy poco frecuentes.

Las garantías patrimoniales se dan en forma de hipoteca de un o varios inmuebles o mediante la prenda o pignoración de bienes muebles o dinero. En estos caso, se determina la responsabilidad máxima que asume cada elemento patrimonial.